1.
JUSTIFICACIÓN
La
implementación de la Educación Sexual se fundamenta en el deber constitucional del
Estado de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y promover el bienestar
general que se fundamenta, entre otros, en el desarrollo integral, responsabilidad
que se refuerza en marcos internacionales como la Convención sobre los Derechos
del Niño y el Consenso de Montevideo. En este último, el Perú asume el compromiso
de asegurar la implementación de programas de “educación integral para la
sexualidad” de manera progresiva desde la primera infancia.
En
ese sentido, el Ministerio de Educación (MINEDU) inició en los años 80 y 90 programas
educativos para la prevención de infecciones de transmisión sexual y el embarazo
adolescente, los cuales pasaron a institucionalizarse en las áreas técnicas del
MINEDU desde 2001. Como resultado, se integró la educación sexual en los instrumentos
normativos del Currículo Nacional, en el Diseño Curricular Nacional
(2005),
en el Marco Curricular Nacional (2013) y en el actual Currículo Nacional de la Educación
Básica (CNEB, 2016). Simultáneamente, se han emitido normas específicas para su
implementación desde 2008; la más reciente es la norma denominada “Lineamientos
para la Educación Sexual Integral”, aprobada con la Resolución Viceministerial
N.° 169-2021-MINEDU. A fines de 2025, se aprobó la Ley N.° 32535, “Ley de
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres”, que dispone la emisión de
los “Lineamientos para la educación sexual con base científica, biológica y
ética”, debido a que en el Perú persisten problemáticas que afectan el
bienestar, la permanencia y trayectoria educativa de los estudiantes y vulneran
sus derechos humanos, tales como la violencia sexual, la explotación sexual de
niñas, niños y adolescentes (ESNNA), el acoso sexual, la violencia escolar, los
matrimonios y las uniones infantiles, tempranas y forzadas (MUITF), el acoso
sexual, el embarazo adolescente, las infecciones de transmisión sexual (ITS) y
la violencia en la etapa del
enamoramiento.
Las
problemáticas identificadas no afectan de igual forma a todas las personas, tal
como lo indica GRADE en un estudio del 20241: alrededor de 217 000 estudiantes
no logran culminar la educación secundaria a la edad esperada, situación que
afecta especialmente a estudiantes con discapacidad, en situación de pobreza,
indígenas o afroperuanos, migrantes, quienes viven en zonas rurales y aquellos
que cuentan con padres o cuidadores con bajo nivel educativo. Esto afecta de
manera distinta a hombres y mujeres: mientras que las presiones económicas son
las razones principales de la interrupción de los estudios de los primeros, el
embarazo adolescente y la carga de cuidado son barreras que afectan
especialmente a las segundas.
En
ese contexto, existe evidencia que alerta sobre la violencia a la que se encuentran
expuestos los estudiantes; por ejemplo, de acuerdo al Programa Warmi Ñan, los
casos atendidos en los CEM por violencia sexual a niñas, niños y adolescentes
menores de 17 años asciende a 21 609 solo en 2025 (91 % son mujeres), lo que
equivale a 59 casos cada día2. Esta situación se complica cuando según la
ENARES 2024, siete de cada diez peruanos justifican la violencia sexual contra
las mujeres, con enunciados como:
“Si
una mujer decide emborracharse y luego es violada, ella es responsable por lo
que pasó” y “Si una mujer no se resiste, realmente no se puede
decir que fue violación”.
Asimismo,
de acuerdo a la ENDES 2024, una de cada cinco adolescentes de 15 a 19 años
sufrió violencia física por parte de su pareja alguna vez en su vida; este
porcentaje aumenta cuando se trata de violencia psicológica (43.6 %), mientras
que la violencia sexual alcanzó un 2.1 %4.
Además,
según el MINSA (2025), se registraron 37 708 nacidos vivos de madres menores de
19 años, lo que equivale a 103 nacimientos diarios, de los cuales 2.7 son de
madres menores de 14 años5. Estos datos se complementan con los hallazgos de la
ENDES 2024, en donde el 8.4 % de las adolescentes peruanas entre 15 y 19 años
ya
había
sido madre o estaba embarazada, con porcentajes significativamente mayores en aquellas
que alcanzaron hasta el nivel de educación primaria (40.3 %), que viven en zonas
rurales (18.3 %) o en regiones de la selva (19.3 %) y quienes se encuentran en el
quintil inferior de riqueza (18 %). Esta situación incrementa la posibilidad de
perpetuar la pobreza, la violencia, limitar trayectorias educativas,
interrumpir estudios y reducir las posibilidades de inserción al mercado
laboral.
A
ello se suma que, de acuerdo a la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo 2024,
las adolescentes de 12 a 19 años destinan mayor tiempo al trabajo no remunerado
(doméstico, de cuidado, voluntariado) que los adolescentes varones (2 horas 12
minutos frente a 1 hora 27 minutos, en días de semana). Ello se contrasta con
el trabajo en la ocupación (para el mercado y autoconsumo), en donde los
adolescentes varones destinan mayor tiempo que las mujeres (4 horas con 31
minutos frente a 3 horas con 40 minutos, en días de semana). Estos resultados
evidencian las distinciones en las
responsabilidades
que asumen mujeres y hombres desde la niñez y adolescencia: las mujeres se
encargan mayormente de las labores en el ámbito doméstico y los hombres en el
ámbito público, lo que repercute en la desigualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.
