Decreto
Supremo que aprueba los criterios de priorización para la atención del pago de
sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución del sector
Educación
Decreto
Supremo nº
012-2026-MINEDU
LA
PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que,
el numeral 1 de la Séptima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 32732,
Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de inversiones
públicas orientadas al cierre de brechas, la continuidad de los servicios del
Estado y garantizar la transición democrática; y dicta otras medidas, dispone
la reactivación de la Comisión Evaluadora de las deudas del Estado generadas
por sentencias judiciales emitidas, creada mediante la Sexagésima Novena
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29812, conformada por la
Resolución Suprema N° 100-2012-PCM, regulada como Comisión Multisectorial,
a fin de que apruebe el listado complementario de las deudas del Estado
generadas por sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución
al 31 de diciembre de 2025 del sector Educación, para la cancelación y/o
amortización de montos hasta por la suma de S/ 20 000,00 (VEINTE MIL
Y 00/100 SOLES) por acreedor, en un plazo de sesenta (60) días hábiles contados
a partir de la fecha de instalación de la comisión, para continuar con el
proceso del pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en
ejecución, iniciado por la Ley N° 30137, Ley que establece criterios de
priorización para la atención del pago de sentencias judiciales, considerando
la formalidad médica para acreditar el diagnóstico de una enfermedad terminal o
avanzada, establecida en la Ley N° 32493;
Que,
el numeral 2 de la Séptima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 32732,
establece que el listado complementario del sector Educación al que se refiere
el numeral 1, se elabora sobre la base del listado priorizado en el Aplicativo
Informático “Demandas Judiciales y Arbitrales en contra del Estado”, por el
comité permanente a que hace mención el artículo 9 del Reglamento de la Ley N°
30137, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2020-JUS, de cada pliego del
Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales, que se financian con Recursos
Ordinarios; precisando además que, esta información se presenta a través del
citado aplicativo informático, a cargo del titular o la máxima autoridad
administrativa de la entidad, conforme a los procedimientos y plazos que se
establecen en las normas reglamentarias de la acotada disposición;
Que,
el numeral 3 de la Séptima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 32732,
dispone que, la implementación de la citada Disposición Complementaria Final,
por ser de carácter extraordinario, adicional y complementario del sector
Educación, se financia con cargo a los recursos a los que se refiere el
artículo 53 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema
Nacional de Presupuesto Público, hasta por la suma de S/ 85 000 000,00 (OCHENTA
Y CINCO MILLONES Y 00/100 SOLES); precisando que dichos recursos se transfieren
a los pliegos del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales, en la fuente de
financiamiento Recursos Ordinarios, mediante decreto supremo refrendado por el
ministro de Economía y Finanzas y por el ministro de Justicia y Derechos
Humanos, a propuesta de este último, y con sujeción a la información contenida
en el listado complementario a que se refiere el numeral 2 de la referida
disposición, según los anexos emitidos del aplicativo informático en mención;
Que,
el numeral 6 de la Séptima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 32732,
establece que, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la
entrada en vigencia de la Ley, con decreto supremo refrendado por el ministro
de Justicia y Derechos Humanos y por el ministro de Educación, a propuesta de
este último, se aprueban los criterios que deben observar las entidades
respectivas para la elaboración de la información a que se refiere el numeral 2
de la citada disposición, y demás normas complementarias;
Que,
mediante el Informe N° 01197-2026-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, la Dirección
Técnico Normativa de Docentes de la Dirección General de Desarrollo Docente del
Ministerio de Educación, sustenta y propone los criterios de priorización para
la atención del pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en
ejecución del sector Educación, para efectos de reducir costos al Estado, así
como determinar las obligaciones de las entidades, en el marco de lo
establecido en los numerales 3 y 6 de la Séptima Disposición Complementaria
Final de la Ley N° 32732;
Que,
a través del Informe N° 01566-2026-MINEDU/SPE-OPEP-UPP, la Unidad de
Planificación y Presupuesto de la Oficina de Planificación Estratégica y
Presupuesto de la Secretaría de Planificación Estratégica del Ministerio de
Educación, emite opinión favorable sobre el proyecto de Decreto Supremo que
establece los criterios de priorización para la atención del pago de sentencias
judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución del sector Educación; por
cuanto, desde el punto de vista en materia de planificación se encuentra
alineado con los instrumentos de planificación estratégica e institucional del
sector Educación; y, desde el punto de vista en materia presupuestal, su
implementación no irroga gastos al Pliego 010: M. de Educación; en tanto se
financia con los recursos a los que se refiere el artículo 53 del Decreto
Legislativo N° 1440, según lo preceptuado en el numeral 3 de la Séptima
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 32732;
Que,
resulta necesario aprobar los criterios de priorización para la atención del
pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución del
sector Educación, para la elaboración del listado complementario de las deudas
del Estado generadas por sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en
ejecución al 31 de diciembre de 2025 del sector Educación; lo cual se financia
con cargo a los recursos a los que se refiere el artículo 53 del Decreto
Legislativo N° 1440, hasta por la suma de S/ 85 000 000,00 (OCHENTA Y CINCO
MILLONES Y 00/100 SOLES);
Que,
corresponde precisar que, según lo dispuesto en el literal i) del numeral 41.1
del artículo 41 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1565, Decreto
Legislativo que aprueba la Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria,
aprobado por el Decreto Supremo N° 023-2025-PCM, la presente norma se encuentra
excluida del alcance del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante, en atención a
la materia que regula;
De
conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 32732, Ley que aprueba créditos
suplementarios para el financiamiento de inversiones públicas orientadas al
cierre de brechas, la continuidad de los servicios del Estado y garantizar la
transición democrática; y dicta otras medidas; y el Decreto Legislativo N°
1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público;
DECRETA:
Artículo
1.- Aprobación
Aprobar
los criterios de priorización para la atención del pago de sentencias
judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución del sector Educación, que
se financia con cargo a los recursos a los que se refiere el artículo 53 del
Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto Público, en el marco de lo establecido en la Séptima Disposición
Complementaria Final de la Ley N° 32732, Ley que aprueba créditos
suplementarios para el financiamiento de inversiones públicas orientadas al
cierre de brechas, la continuidad de los servicios del Estado y garantizar la
transición democrática; y dicta otras medidas, los mismos que como Anexo forman
parte integrante del presente Decreto Supremo.
Artículo 2.-
Difusión
El
presente Decreto Supremo y su Anexo son publicados en las sedes digitales del
Ministerio de Educación (www.gob.pe/minedu) y del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos (www.gob.pe/minjus), en la misma fecha de su publicación en el
Diario Oficial El Peruano.
Artículo
3.- Refrendo
El
presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Educación y por el
Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Dado
en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecinueve días del mes de agosto del
año dos mil veintiséis.
KEIKO
SOFÍA FUJIMORI HIGUCHI
Presidenta
de la República
ERNESTO
JULIO ÁLVAREZ MIRANDA
Ministro
de Justicia y Derechos Humanos
JOSÉ
ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Ministro
de Educación
CRITERIOS
DE PRIORIZACIÓN PARA LA ATENCIÓN DEL PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD
DE COSA JUZGADA Y EN EJECUCIÓN DEL SECTOR EDUCACIÓN
I. Objeto
La
presente norma tiene por objeto aprobar los criterios de priorización para la
atención del pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en
ejecución del sector Educación, en el marco de lo dispuesto por los numerales 3
y 6 de la Séptima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 32732, Ley que
aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de inversiones públicas
orientadas al cierre de brechas, la continuidad de los servicios del Estado y
garantizar la transición democrática; y dicta otras medidas; considerando la
formalidad médica para acreditar el diagnóstico de una enfermedad terminal o
avanzada, establecida en la Ley N° 32493.
II. Definiciones
Para
la aplicación del presente dispositivo normativo, se consideran las
definiciones previstas en el artículo 2 del Reglamento de la Ley N° 30137, Ley
que establece criterios de priorización para la atención del pago de sentencias
judiciales, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2020-JUS (en adelante,
Reglamento de la Ley N° 30137), considerando la formalidad médica para
acreditar el diagnóstico de una enfermedad terminal o avanzada, establecida en
la Ley N° 32493, aplicables al ámbito del sector Educación, que de acuerdo con
el artículo 3 de la Ley N° 31224, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Educación, se encuentra bajo la conducción y rectoría del
Ministerio de Educación. Está conformado por este, sus entidades y organismos
dependientes o adscritos.
III. Monto
priorizado
De
acuerdo a la Séptima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 32732, la
cancelación y/o amortización de montos correspondientes a las sentencias
judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución al 31 de diciembre de 2025
del sector Educación, es hasta por la suma de S/ 20 000,00 (VEINTE MIL Y 00/100
SOLES) por acreedor, que se realiza teniendo en cuenta las condiciones
preferentes de pago sin exceder los siguientes montos por beneficiario:
-
Las deudas con requerimiento judicial de pago a favor de acreedores con
enfermedad en fase terminal, se cancelan y/o amortizan hasta por la suma de
S/ 20 000,00 (VEINTE MIL Y 00/100 SOLES). Prioridades A, B, C, D, E y F.
-
Las deudas con requerimiento judicial de pago a favor de acreedores con
enfermedad en fase avanzada y/o discapacidad severa, se cancelan y/o amortizan
hasta por la suma de S/ 10 000,00 (DIEZ MIL Y 00/100 SOLES). Prioridades A, B,
C, D, E y F.
-
Las deudas con requerimiento judicial de pago a favor de acreedores mayores a
65 años de edad, se cancelan y/o amortizan hasta por la suma de S/ 2 000,00
(DOS MIL Y 00/100 SOLES). Prioridades C y D.
-
Las deudas con requerimiento judicial de pago a favor de acreedores cuyas
edades sean menores o igual a 65 años, serán canceladas y/o amortizadas hasta
por la suma de S/ 1 000,00 (MIL Y 00/100 SOLES). Prioridades E y F. Este
importe también comprende a los acreedores del grupo 5.
IV. Aplicación
de los criterios de priorización
En
el marco de lo establecido en el numeral 6 de la Séptima Disposición
Complementaria Final de la Ley N° 32732, los criterios de priorización para el
pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución del
sector Educación, se aplican según el siguiente orden de atención preferente:
4.1. Comprende
las sentencias judiciales del Sector Educación que se encuentran en calidad de
cosa juzgada y en ejecución al 31 de diciembre de 2025.
4.2. Se
clasifica las obligaciones de acuerdo con los criterios de priorización,
quedando divididas en 5 grupos:
-
Grupo 1: Materia laboral.
-
Grupo 2: Materia previsional.
-
Grupo 3: Víctimas en actos de defensa del Estado y víctimas por violaciones de
derechos humanos.
-
Grupo 4: Otras deudas de carácter social.
-
Grupo 5: Deudas no comprendidas en los grupos previos.
4.3. Se
clasifican las obligaciones de acuerdo con la prioridad de pago. Tal prioridad
de pago se establece de acuerdo con: i) la fase de la enfermedad, ii)
acreedores con avanzada edad y iii) deuda relacionada con el concepto de
preparación de clases frente a otros conceptos, quedando divididas en 6
prioridades:
-
Prioridad A: Deudas con requerimiento de pago para acreedores con enfermedad en
fase terminal, de los grupos 1, 2, 3 y 4.
-
Prioridad B: Deudas con requerimiento de pago para acreedores con enfermedad en
fase avanzada y/o discapacidad severa, de los grupos 1, 2, 3 y 4.
-
Prioridad C: Deudas con requerimiento de pago para acreedores mayores de 65
años de edad, del grupo 1, relacionada al concepto de preparación de clases y
evaluación conforme lo establecía el artículo 48 de la Ley N° 24029, Ley del
Profesorado.
-
Prioridad D: Deudas con requerimiento de pago para acreedores mayores de 65
años de edad, relacionada a otros conceptos, de los grupos 1, 2, 3 y 4.
-
Prioridad E: Deudas con requerimiento de pago para acreedores menores o igual
de 65 años de edad, del grupo 1, relacionada al concepto de preparación de
clases y evaluación conforme lo establecía el artículo 48 de la Ley
N° 24029, Ley del Profesorado.
-
Prioridad F: Deudas con requerimiento de pago para acreedores menores o igual
de 65 años de edad, relacionada a otros conceptos, de los grupos 1, 2, 3 y 4.
4.4. En
aplicación de los criterios indicados en los numerales 4.2 y 4.3, resulta una
tabla cruzada, de la siguiente manera:
|
Prioridad de pago/ Grupo de deuda por
materia
|
Prioridad
A
|
Prioridad
B
|
Prioridad
C
|
Prioridad
D
|
Prioridad
E
|
Prioridad
F
|
|
Grupo 1
|
A1
|
B1
|
C1
|
D1
|
E1
|
F1
|
|
Grupo 2
|
A2
|
B2
|
No aplica
|
D2
|
No aplica
|
F2
|
|
Grupo 3
|
A3
|
B3
|
No aplica
|
D3
|
No aplica
|
F3
|
|
Grupo 4
|
A4
|
B4
|
No aplica
|
D4
|
No aplica
|
F4
|
|
Grupo 5
|
Deudas no comprendidas en los grupos
previos
|
El
orden de pago se realizará de la siguiente manera:
• Deudas
de Prioridad A, iniciando con las del subgrupo A1 hasta A4, luego;
• Deudas
de Prioridad B, iniciando con las del subgrupo B1 hasta B4, luego;
• Deudas
de Prioridad C1, luego;
• Deudas
de Prioridad D, iniciando con las del subgrupo D1 hasta D4, luego;
• Deudas
de Prioridad E1, luego;
• Deudas
de Prioridad F, iniciando con las del subgrupo F1 hasta F4, luego;
• Deudas
del grupo 5.
Para
los subgrupos (A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, D1, D2, D3 y D4)
conformados, se realizará una lista cuyo orden está determinado por los
acreedores o beneficiarios de mayor edad.
En
caso de empate entre dos o más obligaciones, se prioriza por la fecha más
antigua de notificación del requerimiento judicial de pago. De persistir el
empate, se prioriza la sentencia que registre el menor saldo adeudado.
Para
los subgrupos (E1, F1, F2, F3 y F4) y el grupo 5, se realiza una lista cuyo
orden está determinado por la fecha más antigua de notificación del
requerimiento judicial de pago.
En
caso de empate entre dos o más obligaciones, se prioriza a los acreedores o
beneficiarios de mayor edad. De persistir el empate, se considera la sentencia
que registre el menor saldo adeudado.
Ordenada
cada una de las listas se procede a priorizar el pago de acuerdo a los montos
priorizados de las obligaciones, tomando en cuenta las disposiciones del
numeral III del presente anexo.
V. Comité
para la elaboración y aprobación del Listado priorizado de obligaciones
derivadas de sentencias en calidad de cosa juzgada del Sector Educación
Los
comités para la elaboración y aprobación del listado complementario priorizado
de obligaciones derivadas de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada,
a que se refiere los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento de la Ley N° 30137, y
que corresponden a los pliegos del sector Educación, son responsables de la
elaboración del listado complementario de obligaciones derivadas de sentencias
en calidad de cosa juzgada de dicho sector.
El
listado se elabora aplicando los criterios de priorización detallados en la
presente norma; así como, los procedimientos y plazos, establecidos en las
normas reglamentarias que hace referencia el numeral 5 de la Séptima
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 32732.
VI. Obligación
de los procuradores públicos
Las
obligaciones de los procuradores públicos se encuentran establecidas en el
artículo 13 del Reglamento de la Ley N° 30137, en lo que corresponda.
VII. Financiamiento
para el pago de obligaciones derivadas de las sentencias judiciales en calidad
de cosa juzgada del Sector Educación
El
pago de las sentencias judiciales del sector Educación, se financia con cargo a
los recursos a los que se refiere el artículo 53 del Decreto Legislativo N°
1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, en el
marco de lo establecido en el numeral 3 de la Séptima Disposición
Complementaria Final de la Ley N° 32732, hasta por la suma de S/ 85 000 000,00
(OCHENTA Y CINCO MILLONES Y 00/100 SOLES).
VIII. El
pago de obligaciones programadas con anterioridad a la vigencia del presente
El
presente decreto supremo se aplica a todas las programaciones de pago
provenientes de sentencias judiciales del sector Educación que tienen la
calidad de cosa juzgada y en ejecución al 31 de diciembre de 2025. Para efectos
de la priorización, considerar el saldo pendiente de la acreencia.
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