1. JUSTIFICACIÓN

La implementación de la Educación Sexual se fundamenta en el deber constitucional del Estado de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y promover el bienestar general que se fundamenta, entre otros, en el desarrollo integral, responsabilidad que se refuerza en marcos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y el Consenso de Montevideo. En este último, el Perú asume el compromiso de asegurar la implementación de programas de “educación integral para la sexualidad” de manera progresiva desde la primera infancia.

En ese sentido, el Ministerio de Educación (MINEDU) inició en los años 80 y 90 programas educativos para la prevención de infecciones de transmisión sexual y el embarazo adolescente, los cuales pasaron a institucionalizarse en las áreas técnicas del MINEDU desde 2001. Como resultado, se integró la educación sexual en los instrumentos normativos del Currículo Nacional, en el Diseño Curricular Nacional

(2005), en el Marco Curricular Nacional (2013) y en el actual Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB, 2016). Simultáneamente, se han emitido normas específicas para su implementación desde 2008; la más reciente es la norma denominada “Lineamientos para la Educación Sexual Integral”, aprobada con la Resolución Viceministerial N.° 169-2021-MINEDU. A fines de 2025, se aprobó la Ley N.° 32535, “Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres”, que dispone la emisión de los “Lineamientos para la educación sexual con base científica, biológica y ética”, debido a que en el Perú persisten problemáticas que afectan el bienestar, la permanencia y trayectoria educativa de los estudiantes y vulneran sus derechos humanos, tales como la violencia sexual, la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes (ESNNA), el acoso sexual, la violencia escolar, los matrimonios y las uniones infantiles, tempranas y forzadas (MUITF), el acoso sexual, el embarazo adolescente, las infecciones de transmisión sexual (ITS) y la violencia en la etapa del

enamoramiento.

Las problemáticas identificadas no afectan de igual forma a todas las personas, tal como lo indica GRADE en un estudio del 20241: alrededor de 217 000 estudiantes no logran culminar la educación secundaria a la edad esperada, situación que afecta especialmente a estudiantes con discapacidad, en situación de pobreza, indígenas o afroperuanos, migrantes, quienes viven en zonas rurales y aquellos que cuentan con padres o cuidadores con bajo nivel educativo. Esto afecta de manera distinta a hombres y mujeres: mientras que las presiones económicas son las razones principales de la interrupción de los estudios de los primeros, el embarazo adolescente y la carga de cuidado son barreras que afectan especialmente a las segundas.

En ese contexto, existe evidencia que alerta sobre la violencia a la que se encuentran expuestos los estudiantes; por ejemplo, de acuerdo al Programa Warmi Ñan, los casos atendidos en los CEM por violencia sexual a niñas, niños y adolescentes menores de 17 años asciende a 21 609 solo en 2025 (91 % son mujeres), lo que equivale a 59 casos cada día2. Esta situación se complica cuando según la ENARES 2024, siete de cada diez peruanos justifican la violencia sexual contra las mujeres, con enunciados como:

“Si una mujer decide emborracharse y luego es violada, ella es responsable por lo que pasó” y “Si una mujer no se resiste, realmente no se puede decir que fue violación”.

Asimismo, de acuerdo a la ENDES 2024, una de cada cinco adolescentes de 15 a 19 años sufrió violencia física por parte de su pareja alguna vez en su vida; este porcentaje aumenta cuando se trata de violencia psicológica (43.6 %), mientras que la violencia sexual alcanzó un 2.1 %4.

Además, según el MINSA (2025), se registraron 37 708 nacidos vivos de madres menores de 19 años, lo que equivale a 103 nacimientos diarios, de los cuales 2.7 son de madres menores de 14 años5. Estos datos se complementan con los hallazgos de la ENDES 2024, en donde el 8.4 % de las adolescentes peruanas entre 15 y 19 años ya

había sido madre o estaba embarazada, con porcentajes significativamente mayores en aquellas que alcanzaron hasta el nivel de educación primaria (40.3 %), que viven en zonas rurales (18.3 %) o en regiones de la selva (19.3 %) y quienes se encuentran en el quintil inferior de riqueza (18 %). Esta situación incrementa la posibilidad de perpetuar la pobreza, la violencia, limitar trayectorias educativas, interrumpir estudios y reducir las posibilidades de inserción al mercado laboral.

A ello se suma que, de acuerdo a la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo 2024, las adolescentes de 12 a 19 años destinan mayor tiempo al trabajo no remunerado (doméstico, de cuidado, voluntariado) que los adolescentes varones (2 horas 12 minutos frente a 1 hora 27 minutos, en días de semana). Ello se contrasta con el trabajo en la ocupación (para el mercado y autoconsumo), en donde los adolescentes varones destinan mayor tiempo que las mujeres (4 horas con 31 minutos frente a 3 horas con 40 minutos, en días de semana). Estos resultados evidencian las distinciones en las

responsabilidades que asumen mujeres y hombres desde la niñez y adolescencia: las mujeres se encargan mayormente de las labores en el ámbito doméstico y los hombres en el ámbito público, lo que repercute en la desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

NORMATIVIDAD